Vigo. (7/2/2012) Galicia Bilingüe ha solicitado formalmente audiencia al nuevo Secretario Xeral de Política Lingüística. La asociación pro libre elección de lengua le trasladará a Valentín García los incumplimientos que en materia de derechos lingüísticos se están produciendo por parte de todas las Consellerías de la Xunta, que no respetan el derecho de los ciudadanos a ser atendidos y a recibir información en ambas lenguas, algo que va en contra de una reciente sentencia del TC y contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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De entre todos los organismos dependientes de la Xunta, la Consellería de Educación es la que incumple de forma más grave la legislación. Galicia Bilingüe acudirá a esta entrevista con una batería de incumplimientos, incluso del propio Decreto aprobado por la actual Xunta. Se los han hecho llegar multitud de padres, principalmente con hijos en la enseñanza pública. La mayoría de las quejas se refieren a que en numerosos colegios e institutos las asignaturas troncales son impartidas solo en gallego como en la época del gobierno bipartito, pero la casuística abarca desde la imposibilidad de estudiar ninguna asignatura en español excepto Lengua Española, hasta la insistente “recomendación” de que los alumnos realicen sus exámenes, trabajos y proyectos en gallego si quieren obtener más puntuación. El Decreto en vigor, aunque no recoge ni de lejos la promesa electoral de elección de la lengua de las asignaturas troncales, sí establece que la mitad de las asignaturas habrán de impartirse en cada lengua y que hay libertad de elección de su uso para exámenes y trabajos. La desigual aplicación del Decreto no se aprecia solo entre centros públicos y concertados sino también por zonas, dándose el caso curioso de que en La Coruña es donde se aprecia una menor resistencia a impartir las asignaturas correspondientes en español.

Algunos de los padres que acuden a Galicia Bilingüe han protestado en los colegios, si bien la inmensa mayoría son “disuadidos” de plasmar su queja por escrito ante instancias superiores. A algunos incluso se les miente acerca de sus derechos. Por ello Galicia Bilingüe pondrá especial énfasis en reclamarle al Secretario Xeral de Política Lingüística que inste a la Inspección Educativa a que cumpla con su labor de inspeccionar para que no tengan que ser los padres quienes se vean obligados a pasar por situaciones incómodas. Galicia Bilingüe considera inaudito que después de que 4500 profesores insumisos que se niegan a dar clase en español hayan presentado sus nombres ante la Consellería de Educación, esta no haya hecho absolutamente nada para proteger los derechos de los alumnos.

Orense. (11/1/2012) Galicia Bilingüe inició recientemente una rueda de contactos con los alcaldes gallegos para animarles a respetar la cooficialidad lingüística en los ayuntamientos y para informarles sobre los incumplimientos legales que el monolingüismo conlleva.

Esta mañana ha tenido lugar la cuarta reunión; en esta ocasión la presidente de GB, Gloria Lago, se ha reunido con el alcalde de Orense, el socialista Francisco Rodríguez, a quien le ha hecho llegar un estudio sobre las carencias del Ayuntamiento de Orense en materia de respeto a la cooficialidad lingüística y le ha explicado lo sencillo que resultaría respetar los derechos de todos. Francisco Rodríguez se ha mostrado muy receptivo, sobre todo a la hora de adaptar el Ayuntamiento a la legalidad vigente. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña dejó bien claro que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en las dos lenguas oficiales. La sentencia 31/2010 estableció que es contrario a la Carta Magna la existencia de una lengua cooficial preferente y que se deberán arbitrar los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a ser tendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones.

A excepción del Ayuntamiento de La Coruña, los Ayuntamientos de Galicia presentan una situación de erradicación del castellano tanto de las dependencias municipales como de cualquier información o campaña, desde las actividades dirigidas a los niños hasta los recibos, las ordenanzas o las página web, obviando la legalidad y la consideración del español como lengua oficial de la Administración. La declaración de oficialidad no fraudulenta de una lengua supone en todas las democracias el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en ella, así como a disponer de todas las informaciones e impresos normalizados en esa lengua. El bilingüismo en la Administración es una práctica habitual en todas las democracias con más de una lengua oficial y en otras Comunidades Autónomas de España. En todo caso, las deficiencias que presenta el Ayuntamiento de Orense en relación al respeto a la cooficialidad lingüística pueden ser subsanadas sin coste apreciable, como han entendido en los Ayuntamientos de Ferrol y Santiago, donde ya se han mostrado proclives a hacer cambios en este sentido.

En opinión de Galicia Bilingüe, resulta sorprendente que tenga que ser una asociación privada la que ha de hacer esta labor de concienciación. La Xunta de Galicia, lejos de instar a los ayuntamientos a subsanar estas anomalías, subvenciona de forma millonaria el monolingüismo. El presente año se ha estrenado con la publicación el pasado 4 de enero de una nueva subvención. En esta ocasión se trata de 520.000 euros que los ayuntamientos habrán de destinar a la contratación de técnicos lingüísticos, licenciados en filología gallega o gallego-portuguesa, que serán los encargados de decir cuál es el perfil lingüístico necesario para obtener cualquier puesto de trabajo en el ayuntamiento, y de participar en el proceso selectivo del personal municipal. Su labor habrá de abarcar también la “galleguización” de toda la localidad, tanto en el ámbito asociativo o educativo, como en el empresarial, y en las federaciones y clubs de ámbito deportivo.

Galicia Bilingüe considera que se trata de un nuevo despilfarro normalizador de la Xunta de Galicia en época de recortes en servicios básicos, ya que estas partidas no van destinadas, por ejemplo, a garantizar la enseñanza en gallego de los alumnos cuyos padres así lo deseen, sino a tareas de cambio de lengua de los ciudadanos, muchas de ellas absurdas y de muy dudoso éxito. Entre las tareas de estos técnicos lingüísticos está, según recoge el DOG de 4-1-2012, la de “crear conciencia de que el uso del gallego puede favorecer las relaciones laborales comerciales y bancarias”. En un momento en el que la crisis está obligando a las empresas gallegas a cancelar programas de innovación empresarial, resulta chocante que la Xunta, en lugar de ayudarles a paliar este problema, esté destinando fondos públicos a decirles en qué idioma han de atender a sus clientes. Otras tareas podrían ser calificadas como de sustitución lingüística o de pura ingeniería social, algo denostado e impensable en cualquier democracia. La orden especifica que entre las labores de los técnicos lingüísticos está la de “estimular en las generaciones más jóvenes un uso generalizado del gallego superando viejos prejuicios y presiones globalizadoras”. Asimismo llama la atención que obtendrán puntuación adicional los municipios que se encuentren en una zona calificada como estratégica para lograr la cobertura “galleguizadora” uniforme de Galicia.