Mientras GB conciencia a los alcaldes sobre la ilegalidad de no respetar el bilingüismo, la Xunta subvenciona generosamente su monolingüismo

Miércoles 11 de enero de 2012 18:22h  10   

La última subvención, de 520.000 euros, está destinada a contratar técnicos lingüísticos que harán la labor de cambio de lengua y de ingeniería social en la localidad a “normalizar”

Orense. (11/1/2012) Galicia Bilingüe inició recientemente una rueda de contactos con los alcaldes gallegos para animarles a respetar la cooficialidad lingüística en los ayuntamientos y para informarles sobre los incumplimientos legales que el monolingüismo conlleva.

Esta mañana ha tenido lugar la cuarta reunión; en esta ocasión la presidente de GB, Gloria Lago, se ha reunido con el alcalde de Orense, el socialista Francisco Rodríguez, a quien le ha hecho llegar un estudio sobre las carencias del Ayuntamiento de Orense en materia de respeto a la cooficialidad lingüística y le ha explicado lo sencillo que resultaría respetar los derechos de todos. Francisco Rodríguez se ha mostrado muy receptivo, sobre todo a la hora de adaptar el Ayuntamiento a la legalidad vigente. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña dejó bien claro que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en las dos lenguas oficiales. La sentencia 31/2010 estableció que es contrario a la Carta Magna la existencia de una lengua cooficial preferente y que se deberán arbitrar los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a ser tendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones.

A excepción del Ayuntamiento de La Coruña, los Ayuntamientos de Galicia presentan una situación de erradicación del castellano tanto de las dependencias municipales como de cualquier información o campaña, desde las actividades dirigidas a los niños hasta los recibos, las ordenanzas o las página web, obviando la legalidad y la consideración del español como lengua oficial de la Administración. La declaración de oficialidad no fraudulenta de una lengua supone en todas las democracias el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en ella, así como a disponer de todas las informaciones e impresos normalizados en esa lengua. El bilingüismo en la Administración es una práctica habitual en todas las democracias con más de una lengua oficial y en otras Comunidades Autónomas de España. En todo caso, las deficiencias que presenta el Ayuntamiento de Orense en relación al respeto a la cooficialidad lingüística pueden ser subsanadas sin coste apreciable, como han entendido en los Ayuntamientos de Ferrol y Santiago, donde ya se han mostrado proclives a hacer cambios en este sentido.

En opinión de Galicia Bilingüe, resulta sorprendente que tenga que ser una asociación privada la que ha de hacer esta labor de concienciación. La Xunta de Galicia, lejos de instar a los ayuntamientos a subsanar estas anomalías, subvenciona de forma millonaria el monolingüismo. El presente año se ha estrenado con la publicación el pasado 4 de enero de una nueva subvención. En esta ocasión se trata de 520.000 euros que los ayuntamientos habrán de destinar a la contratación de técnicos lingüísticos, licenciados en filología gallega o gallego-portuguesa, que serán los encargados de decir cuál es el perfil lingüístico necesario para obtener cualquier puesto de trabajo en el ayuntamiento, y de participar en el proceso selectivo del personal municipal. Su labor habrá de abarcar también la “galleguización” de toda la localidad, tanto en el ámbito asociativo o educativo, como en el empresarial, y en las federaciones y clubs de ámbito deportivo.

Galicia Bilingüe considera que se trata de un nuevo despilfarro normalizador de la Xunta de Galicia en época de recortes en servicios básicos, ya que estas partidas no van destinadas, por ejemplo, a garantizar la enseñanza en gallego de los alumnos cuyos padres así lo deseen, sino a tareas de cambio de lengua de los ciudadanos, muchas de ellas absurdas y de muy dudoso éxito. Entre las tareas de estos técnicos lingüísticos está, según recoge el DOG de 4-1-2012, la de “crear conciencia de que el uso del gallego puede favorecer las relaciones laborales comerciales y bancarias”. En un momento en el que la crisis está obligando a las empresas gallegas a cancelar programas de innovación empresarial, resulta chocante que la Xunta, en lugar de ayudarles a paliar este problema, esté destinando fondos públicos a decirles en qué idioma han de atender a sus clientes. Otras tareas podrían ser calificadas como de sustitución lingüística o de pura ingeniería social, algo denostado e impensable en cualquier democracia. La orden especifica que entre las labores de los técnicos lingüísticos está la de “estimular en las generaciones más jóvenes un uso generalizado del gallego superando viejos prejuicios y presiones globalizadoras”. Asimismo llama la atención que obtendrán puntuación adicional los municipios que se encuentren en una zona calificada como estratégica para lograr la cobertura “galleguizadora” uniforme de Galicia.